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Los intendentes de la oposición, Paula Quiles (Bella Vista), Pablo Macchiarola (Yerba Buena) y Alejandro Molinuevo (Concepción) manifestaron que esperan resolver el conflicto por el envío de fondos a través del diálogo y cuestionaron al ex gobernador Juan Manzur.
Los intendentes se hicieron eco de la decisión del Ministerio Público Fiscal que firmó un dictamen no vinculante en el que señala la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia para resolver la demanda iniciada por el ex intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, y por Molinuevo, sobre la distribución de fondos que hace el Gobierno de la provincia.
“Nosotros creemos que a través del diálogo se puede resolver la discusión por el reparto de los fondos que hace el gobierno de la provincia. El gobernador Osvaldo Jaldo ya nos recibió en dos oportunidades para avanzar con algún sistema que reemplace al pacto social. Jaldo es un dirigente que fue intendente de su ciudad y creemos que conoce bien cuáles son las problemáticas municipales”, sostuvo Quiles.
La intendenta de Bella Vista recordó que durante los gobiernos de Manzur la lógica era asfixiar a los municipios opositores. “No sólo a los intendentes de Juntos por el Cambio. Recordemos a Darío Monteros y Aldo Salomón, de Banda del Río Salí y Alderetes, cómo se quejaban por el ajuste que Manzur hizo sobre sus municipios mientras duró la interna entre Manzur y Jaldo en 2021”, recordó.
“Durante el gobierno de Manzur hicimos distintas presentaciones administrativas para que no discriminaran a los tucumanos que viven en Bella Vista, Yerba Buena y Concepción pero no tuvimos respuestas y por eso acudimos a la justicia para defender a nuestros vecinos. Ahora con Jaldo tenemos unas instancias de diálogo y espero que podamos llegar a buen puerto”, agregó Quiles.
Por su parte, Macchiarola recordó que existen antecedentes judiciales como en Córdoba, San Luis y Santa Fe y municipales como La Rioja y La Banda de Santiago del Estero donde la Justicia ordenó el reintegro de fondos a esas provincias y ciudades.
“Consideramos urgente un marco regulatorio para el envío de fondos, tanto reintegrables como no reintegrables, una vez que expire el pacto social el 31 de diciembre”, adelantó el intendente de Yerba Buena.
“La solución definitiva es una nueva ley de coparticipación que contemple el enorme crecimiento que estas ciudades tuvieron en los últimos 30 años”, agregó Macchiarola.
Por último, Molinuevo señaló la importancia de llevar el caso a la Justicia. “Hace años venimos reclamando lo mismo, se hacía públicamente, pero ahora dimos el importante paso de judicializar”, cerró el intendente de Concepción.
