La Cámara Federal de La Plata ordenó hoy que la denuncia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el jefe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y presidente de la obra social, José Antonio Voytenco, se investigue en los tribunales de Comodoro Py. La causa hasta ahora estaba en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. Así surge de un fallo de hoy de la Sala III al que accedió LA NACION.
La pelea por el control de la Uatre y su obra social se dirime en la Justicia, pero también en los despachos oficiales. Ayer, el Gobierno designó nuevo interventor en la prestadora médica de los peones rurales. Marcelo Carlos Petroni estará al frente de la institución por 180 días. Petroni respondería a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, según deslizaron fuentes cercanas a Voytenco.
El tribunal platense planteó que el gremio tiene su sede en la Capital Federal y que debe actuar un juez federal de Comodoro Py. Los camaristas Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias declararon la incompetencia del juez Villena y que el expediente sea enviado a los tribunales de Retiro. Además, lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. Voytenco, que no participa activamente en la vida interna de la CGT, celebró internamente el cambio de jurisdicción de la causa porque ya había tenido algunos reparos sobre la labor de Villena. El caso deberá ahora ser sorteado.
La causa comenzó con una denuncia del dirigente sindical Marcelo Agustín Andrada, opositor a Voytenco y que no tiene todo el apoyo de la delegación La Plata de la UATRE, de la que pertenece. Andrada argumentó en su denuncia el nivel de vida de Voytenco y su relación con ciertos proveedores de servicios del gremio. Su acusación se basó en un informe periodístico de Canal 9.
Una caja millonaria
Voytenco, un chaqueño de bajo perfil a quien le gustan los lujos, está hoy parado sobre una caja millonaria que cautivó en su momento al macrismo y después al kirchnerismo. La Uatre administra $9000 millones mensuales mientras que su obra social llegó a tener $1300 millones de superávit, según fuentes gremiales. Las cifras surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en el primer semestre de 2024 recaudó $74.796 millones. Las cifras podrían ser incluso mayores si se tiene en cuenta que siete de cada 10 trabajadores rurales están contratados de manera irregular, según denunciaron desde el gremio.
A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Pablo Ansaloni, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza, por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Sergio Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Las elecciones se concretaron después de un proceso nublado de sospechas y acusaciones, que fue incluso judicializado en tribunales federales y provinciales.
La gestión de Fernández terminó reconociendo a Voytenco, a quien identificó como propio. Osprera, la obra social de la Uatre, recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concpeto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de dejar el Gobierno. Daniel López, titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. A pesar de la decisión del juez federal de La Pampa Juan José Baric de intervenir la obra social, Voytenco mantuvo siempre el control. Incluso cuando la SSS del gobierno libertario dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo sobre la intervención judicial al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit pasó de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024.
Voytenco continúa hoy con el doble comando: preside el gremio y la obra social, donde cobra un salario de $14.005.643 mensuales. Ayer, el Gobierno le puso un interventor. Aacorralado por una denuncia judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, les abrió las puertas a empresarios vinculados a Luis Barrionuevo y tendió puentes con la gestión libertaria porque siente amenazado su poder. Voytenco le quitó el servicio de seguro de sepelio al grupo Néspola para cedérselo a El Surco, de Jorge Giani y Julio Comparada, casi un hijo para el jefe gastronómico, recuperado ya de un ACV. Comparada fue presidente de Independiente y entre sus clientes tiene a gremios, aunque su gran negocio es con el fútbol, gracias al acuerdo que selló hace años con la AFA en los tiempos de Julio Grondona. La Uatre le paga a El Surco $400 millones mensuales por los seguros de sepelio, según fuentes de la entidad ruralista. Comparada fue hasta hace poco socio del ministro de Salud, Mario Lugones. Lugones fue presidente hasta hace poco de la Fundación Sanatorio Güemes, una clínica en cuyo paquete accionario coinciden el sindicato de gastronómicos, es decir, Barrionuevo, y Comparada.
En los últimos días, y como parte de la pelea por el control de la Uatre, circuló un video en el que se los ve a Giani, titular de El Surco, y a una secretaria de Voytenco mientras intentan romper la cámara de seguridad del ascensor casi exclusivo que lleva al despacho del secretario general de la Uatre, en el cuarto piso de Reconquista 630. Cerca de Giani explicaron a LA NACION que fue una de “otras cámaras ocultas” detectadas en el gremio y denunciaron espionaje ilegal. “A Lule le dijo que no, que se olvide”, se escucha parte de la conversación entre Giani y la asesora de Voytenco. Lule sería Eduardo Menem, a quien relacionan ahora con el nuevo interventor de la obra social.
