Estados Unidos prohibió las importaciones de más empresas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures en China, apuntando a 37 entidades textiles, mineras y solares, según un anuncio del gobierno federal publicado el martes.
Entre las empresas figuran Huafu Fashion Co., uno de los mayores fabricantes textiles del mundo, y 25 de sus filiales.
Las empresas fueron añadidas a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que restringe la importación de bienes relacionados con lo que Estados Unidos califica de abusos de los derechos humanos y genocidio continuado de China en la región autónoma uigur de Xinjiang.
Según un informe del Atlantic Council que evalúa los casi nueve años de detenciones masivas en Xinjiang, las políticas represivas de China contra la población Uigur han alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Rayhan Asat, asesora principal en política y derecho y líder del China Project en el Strategic Litigation Project del Atlantic Council, registra múltiples violaciones contra los uigures, entre ellas desapariciones forzadas, torturas, persecución transnacional y restricciones a los derechos reproductivos.
El informe también señala la explotación económica de las familias de los detenidos y el uso de trabajo forzado, prácticas que se enmarcan dentro de lo que califican como una estrategia de limpieza étnica.
En octubre de 2024, un medio estatal chino difundió un video de propaganda donde dos prisioneros políticos uigures, Gulmira Imin y Zulpiqar Rozi, aparecían confesando delitos que, según el Atlantic Council, probablemente no cometieron. Ambos fueron detenidos tras las protestas uigures de julio de 2009 y permanecieron desaparecidos durante 15 años. Las confesiones forzadas son una táctica habitual del gobierno chino para desacreditar a los disidentes políticos, asegura Asat.
Según un análisis del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale, coelaborado por Asat, los uigures, que constituyen menos del 1% de la población china, representan el 34% de las encarcelaciones en el país, la mayor tasa de prisón étnica en el mundo.
Más de 500.000 uigures permanecían encarcelados en 2022, y se estima que las políticas de Beijing podrían costarle a esta comunidad 4,4 millones de años de vida colectiva. El informe advierte que las cifras reales podrían ser hasta más altas, ya que el régimen chino ha restringido el acceso a datos actualizados desde 2022.
Investigaciones publicadas en noviembre por The New York Times revelaron la cooperación entre China y Tailandia para la repatriación forzada de refugiados Uigures, una violación directa del derecho internacional. Decenas de ellos murieron tras ser devueltos a China, mientras más de 60 permanecen detenidos en Tailandia en condiciones precarias.
En un informe publicado en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las políticas de China en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen chino ha negado permitir inspecciones significativas en la región, proyectando una imagen engañosa de sus acciones.
Las autoridades estadounidenses afirman que Beijing ha establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. China niega cualquier abuso.
Las últimas incorporaciones elevan a 144 el número total de empresas incluidas en la lista desde que se promulgó la ley en diciembre de 2021.
(Con información de Reuters)
