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Este viernes a partir de las 8, cuando se reúna la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, comenzará a definirse el nuevo precio del boleto urbano.
Según información que proporcionaron algunas fuentes, los ediles capitalinos fijarían un aumento del 200% en el pasaje de transporte público. La intención del cuerpo deliberativo es obtener dictamen y sesionar la próxima semana, para elevar el precio del boleto de $230 a $690, esta sería la segunda suba en menos de 90 días.
Cabe recordar que el último incremento se aplicó en diciembre del 2023 y llevó el pasaje de $120 a los actuales $230. Luego en enero la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) presentó su pedido para elevar la tarifa, el cual recién será tratado este viernes.
Los ediles contemplarán que al estudio de costo adjuntado por los empresarios debe considerarse la inflación de enero, febrero, más la proyección de marzo. Además deberán tener en cuenta la quita de subsidios del fondo compensador que aportaba la Nación, cifra que ascendía a los $1000 millones. A nivel local, el gobierno tucumano aporta $2000 millones mensuales para asistir a las empresas de transporte público.
Días atrás en declaraciones mediáticas, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta reclamaba que la suba del boleto se trate antes del 1 de marzo, porque posteriormente a esa fecha las empresas no estarían en condiciones de seguir prestando sus servicios en forma óptima.
Berreta también expresó su preocupación porque a inicios de marzo finalizará la conciliación obligatoria con los choferes por las paritarias. “En estas condiciones, provincias y municipios están otorgando tarifas de entre $680 y $730. Tenemos la necesidad imperiosa de que se actualice la tarifa”, declaró.
Por su parte, los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aspiran a un incremento superior al 80%, además de subas no remunerativas, para que el salario inicial de febrero supere los $970.000.
Con todos esos condimentos a tener en cuenta, los ediles deberán «cocinar» el nuevo precio que recaerá en miles de pasajeros que viajan a diario en las líneas urbanas.
