NEUQUÉN.– Comenzó la sesión en la Legislatura de Neuquén que podría derivar en la suspensión de la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Gloria Ruiz, salpicada en una causa por presunta defraudación al Estado y protagonista de una crisis institucional de magnitud. Los diputados provinciales tratan un proyecto de resolución que apunta a declarar la inhabilidad moral de Ruiz, apartarla provisoriamente del cargo, dar de baja los contratos irregulares de los que se la acusa y crear una comisión investigadora con legisladores de todos los bloques para llegar al fondo del asunto.
El escándalo de corrupción de Neuquén se desató este viernes, cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó allanar la Legislatura provincial, el complejo cultural Casa de las Leyes y la vivienda de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, que fue designado por ella como coordinador de ese espacio cultural y a quien se investiga por haber transferido casi 30 millones de pesos de las cuentas del Poder Legislativo a su cuenta bancaria personal.
Tras la publicación de un comunicado en el que Ruiz develó tensiones en su relación con el gobernador y su compañero de fórmula, Rolando Figueroa, el mandatario afirmó que estaba “decepcionado y dolido” con ella, aunque aseguró que iba a respetar la división de poderes en cuanto a su futuro al frente de la Legislatura de Neuquén.
Horas más tarde, la vicegobernadora brindó una entrevista a Canal 7, donde aseguró que el pedido de “inhabilidad moral” es una maniobra política para alejarla de su rol, ya que ella no está acusada de ningún delito y su hermano todavía no fue imputado en la causa por supuesto peculado y defraudación a la administración pública.
“Estamos hablando de la Legislatura de la provincia de Neuquén, estamos hablando de democracia. Yo no puedo creer el atropello. Este es un golpe de Estado a la democracia, a la institución de la Legislatura. Yo no puedo creer lo que está pasando, lo que están haciendo”, dijo y agregó. “Es político porque me quieren correr del lugar, porque evidentemente soy un estorbo, porque levanto la voz, porque cuestiono, por ejemplo, el tema de las escuelas”.
“Esto es grave lo que están haciendo los diputados”, dijo y aseguró que “los diputados van a hacer lo que pida el gobernador, excepto algunos que por suerte tienen su independencia de poder decidir”.
La investigación por los movimientos bancarios de su hermano comenzó a partir de un artículo en el diario Río Negro que aseguraba que Ruiz contrató en la planta política de la Legislatura al menos a 10 familiares. “Fui prudente y no quise salir a hablar porque estaba abocada a tratar el tema de los tres presupuestos”, dijo y afirmó que le aclaró a los jefes de todos los bloques que sólo había contratado a tres parientes, que tienen nombre y apellido y están todos transparentados.
Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Vignaroli, afirmó que el nepotismo no está penado por la ley, por lo que “no es reprochable judicialmente”, pero sí motivó a los diputados provinciales a tratar una posible separación de su cargo por “inhabilidad moral”.
En caso de que el proyecto obtenga los votos necesarios, la Legislatura será presidida por la actual vicepresidenta primera del Poder Legislativo, la diputada Zulma Reina, una política de extensa trayectoria que fue ministra de Educación de Neuquén durante la gestión de Jorge Sapag y que también forma parte del frente Neuquinizate, que llevó al poder a la fórmula de Figueroa-Ruiz.
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Este miércoles, la Fiscalía avanzó con nuevos allanamientos en dos oficinas de Registro del Automotor de Plottier, donde se buscan legajos sobre la compra y venta de vehículos por parte de Ruiz y su entorno. Según informó el fiscal Vignaroli a LMNeuquén, la investigación se basa en la reciente adquisición de tres autos.
La renuncia de los abogados libertarios
El escándalo sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando se conoció la renuncia de labogados, que habían asumido su defensa unas horas antes y que están ligados al presidente Javier Milei: se trata de Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador bonaerense de La Libertad Avanza, y Roberto Rallín. Ambos patrocinaron al libertario cuando fue denunciado durante la campaña electoral de 2023.
“En el día de ayer, y por compromisos profesionales asumidos con anterioridad, nos vemos en la obligación de apartarnos del asesoramiento de la Sra. Gloria Ruiz”, dice el breve comunicado dado a conocer este miércoles por Oneto y Rallín, que provocó todo tipo de interpretaciones en el ámbito local: desde que la cúpula libertaria le pidió a Oneto que tomara distancia del caso o que el apartamiento había sido solicitado por la gobernación neuquina, que encabeza Rolando Figueroa. Consultado por LA NACION, Oneto negó que el Gobierno le hubiera solicitado dejar la defensa de Ruiz.
No lo entendió así la propia gobernadora, que en un comunicado propio, afirmó sin dobleces que Oneto y Rallín fueron “presionados” para renunciar. “Si presionaron para bajar al abogado que contraté, imagínense cómo estarán presionados varios legisladores para cambiar su voto, que no comparten este atropello a la democracia. Gracias a Dio se siguen sumando más abogados de renombre que están dispuestos a acompañarme. Más fuerza tengo para seguir adelante”, manifestó.
La incorporación de Oneto y Rallín a la causa había sido anunciada ayer por la vicegobernadora. “Por este medio, informo que el Estudio Oneto & Rallin Abogados y Consultores serán quienes me acompañen jurídicamente en el tiempo que dure este atropello institucional al que me veo sometida”, comunicó Ruiz en sus redes sociales.
Además de ser el candidato a vicegobernador de Carolina Píparo en 2023, Francisco Oneto –junto a Rallín– se presentó como abogado de Milei en Comodoro Py en octubre del año pasado, cuando el entonces candidato presidencial acumuló cuatro denuncias penales en pocos días: tres apuntaban a una supuesta “intimidación pública”, por sus dichos sobre el valor de “excremento” de los pesos, y la cuarta era por calumnias e injurias e incitación al odio. En este caso, la promovió Patricia Bullrich, a la que Milei había acusado de “poner bombas en jardines de infantes”.
